El 21 de octubre de 2026, una multitudinaria movilización coordinada por agrupaciones provida, sectores evangélicos y el Movimiento Somos Más, Muchos Más, marchó por el centro de Asunción hasta concentrarse frente al Congreso Nacional de Paraguay. El objetivo central de la manifestación fue la entrega formal de una iniciativa popular respaldada por más de 50.000 firmas, la cual plantea un anteproyecto de ley penal para prohibir y sancionar lo que estos sectores denominan la «ideología de género» en las escuelas y el ámbito institucional público.
La propuesta legislativa busca reformar el artículo 135 del Código Penal, introduciendo penas severas de cárcel —que podrían oscilar entre los 4 y los 20 años de prisión— para aquellos funcionarios, docentes o ciudadanos que elaboren, autoricen o distribuyan materiales didácticos con enfoque de género dirigidos a menores de edad. Asimismo, el texto busca restringir las muestras públicas de afecto entre personas del mismo sexo en presencia de niños, bajo la premisa de salvaguardar lo que definen como la «percepción natural» de la sexualidad basada en el sexo biológico.
El documento fue recibido en la explanada del Congreso por senadores oficialistas como Lizarella Valiente, Gustavo Leite y Basilio «Bachi» Núñez, quienes se comprometieron a remitirlo a las comisiones asesoras para su correspondiente análisis constitucional. Mientras los promotores de la iniciativa defienden el derecho preferente de las familias a educar a sus hijos según sus convicciones tradicionales, sectores de la oposición y defensores de derechos humanos alertan que la medida promueve la censura, la discriminación hacia la comunidad LGBT y un grave retroceso en las políticas de protección infantil.