La transferencia de un inmueble por G. 450 millones a favor de la ministra de la Juventud, Salma Agüero, forma parte de los movimientos patrimoniales examinados por el Ministerio Público en la causa que derivó en la imputación del expresidente de Petropar, Eddie Ramón Jara Rojas, por supuesto enriquecimiento ilícito.
Según la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jara adquirió en noviembre de 2020 un inmueble en San Bernardino por G. 317 millones, sin que se justificara la procedencia de los fondos, y lo transfirió en junio de 2021 a Salma Agüero por G. 450 millones.
Uno de los aspectos que llamó la atención es que la operación fue al contado y el único elemento trazable fue el cheque resultante de la venta, que habría sido cobrado al día siguiente por Karina Otazú, expareja de Jara e imputada por presunto lavado de activos.
De acuerdo con los antecedentes divulgados, la compradora tenía entonces entre 20 y 21 años y percibía un salario mensual cercano a G. 4 millones. La Fiscalía busca establecer el recorrido de los fondos y su eventual relación con las operaciones patrimoniales investigadas.
La transacción se incorpora al análisis de una causa más amplia, en la que el Ministerio Público identificó una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612 atribuida preliminarmente a Jara, tras examinar depósitos y otras operaciones entre agosto de 2023 y marzo de 2026.
El análisis se inició a partir de un informe de la Contraloría General de la República. oviedopress.com1000noticias.com.pyLa fiscal aclaró que la propiedad fue efectivamente transferida a Agüero mediante compraventa, y que la investigación deberá determinar si los recursos tenían origen lícito.