El Poder Ejecutivo volvió a convertir a Itaipú Binacional en un refugio para la clase política. Por Decreto N.º 7243, el presidente de la República Pedro Alliana, nominó a cuatro nuevos miembros del Consejo de Administración de la entidad, entre ellos el expresidente Nicanor Duarte Frutos, en una lista donde pesan más los nombres políticos que los antecedentes técnicos en materia energética.

El decreto nombra a Marco Nicolás Riquelme Boettner en reemplazo de Carlos Fernández Valdovinos, a Rolando de Barros Barreto Acha en reemplazo de Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez, y a Rubén Ramírez Lezcano y Nicanor Duarte Frutos como miembros del Consejo, todos sin percibir remuneración adicional a la prevista para el cargo de consejero.

La inclusión de Duarte Frutos es la más simbólica y polémica. Un expresidente que ya ocupó todos los cargos posibles en el Estado vuelve ahora a un puesto clave en la binacional que maneja miles de millones de dólares, en un momento en que Itaipú está bajo la lupa por sus fondos colocados en Ueno Bank y por la falta de transparencia en sus decisiones financieras.

Tampoco pasa desapercibido el nombramiento de Rubén Ramírez Lezcano, excanciller y figura recurrente en los elencos de gobierno, ni el de Riquelme Boettner y De Barros Barreto Acha, nombres ligados al entorno político oficialista y no a una convocatoria pública, concurso o evaluación técnica.

El decreto, además, deroga el Decreto N.º 245 del 5 de setiembre de 2023, lo que confirma que los cambios en Itaipú responden más a reacomodos políticos que a una política de Estado de largo plazo.

Mientras el discurso oficial habla de transparencia, eficiencia y defensa de los intereses nacionales en Itaipú, la práctica sigue siendo la misma: el Consejo de Administración se llena de “próceres” de la patria, con cargos asegurados, dietas garantizadas y cero rendición de cuentas a la ciudadanía que es, en definitiva, la dueña de la energía.

Y el premio por integrar ese Consejo no es menor: los consejeros paraguayos de Itaipú perciben alrededor de G. 119 millones mensuales, según lo consignado en declaraciones juradas y confirmado por la propia entidad, un monto que triplica el salario del presidente de la República, de G. 37.908.800, y que explica por qué el cargo es uno de los más codiciados del Estado paraguayo.

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