La reciente confirmación por parte del Departamento de Defensa de que la ejecución por fusilamiento del exmayor Nidal Hasan será transmitida en directo ha generado un profundo rechazo y debate en el espectro político, ético y legal de los Estados Unidos. El procedimiento, aprobado por el presidente Donald Trump tras la recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, está programado para el próximo 3 de diciembre a la una de la tarde en la base militar de Fort Hood, Texas.
Mientras el gobierno justifica la medida bajo el argumento de que este tipo de actos terroristas deben tener «consecuencias graves» visibles para la población, expertos jurídicos y defensores de los derechos humanos advierten que la televisación de una pena de muerte legal no tiene precedentes en el país y es una práctica más cercana a «la Edad Media» o a regímenes autoritarios.