La Asociación Espíritu Santo reiteró su pedido al ministro Óscar González para que active gestiones ante la Procuraduría y anule la transferencia de 310.000 hectáreas en el Chaco. La presentación apunta a los nexos comerciales del entorno del mandatario con el negocio de créditos de carbono.

La Asociación Espíritu Santo volvió a exigir la intervención institucional del Ministerio de Defensa Nacional para resguardar unas 310.000 hectáreas ubicadas en la zona de seguridad fronteriza del Chaco paraguayo y promover la nulidad de su transferencia a cuatro sociedades extranjeras. A través de una nota presentada este lunes 16 de noviembre ante el titular de la cartera, Óscar Luis González Cañete, el abogado Francisco de Vargas reiteró el pedido formulado originalmente el pasado 7 de septiembre. En su escrito, la organización solicita que Defensa comunique formalmente a la Procuraduría General de la República los alcances de la Sentencia Definitiva N.º 384/2026 —dictada el 18 de agosto en el juicio oral que condenó a la exjueza Tania Irún— y que se impulsen las acciones judiciales correspondientes para dejar sin efecto las transferencias ordenadas mediante la Sentencia Definitiva N.º 494/2018.

El planteamiento jurídico se sustenta en la violación de la Ley N.º 2532/05, de Seguridad Fronteriza, acreditada en el fuero penal. Según los fundamentos del Tribunal de Sentencia citados en el reclamo, la exmagistrada dispuso la escrituración de los inmuebles sin contar con los estatutos ni verificar la composición accionaria de las firmas beneficiadas: Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited. «Así las cosas no existen dudas de que la entonces magistrada Abog. Tania Irún ciertamente violentó el art. 4 de la Ley N° 2532/05 al no tener a la vista quienes eran los accionistas de las empresas (…) si la acciones eran nominativas y no endosables a fin de hacer lugar a la demanda en cuestión», señala textualmente el fallo judicial invocado por la Asociación.

La nueva presentación cuestiona la pasividad de los organismos estatales competentes frente a un caso que afecta directamente el régimen de protección de fronteras. De acuerdo con los antecedentes expuestos previamente por De Vargas ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Indert, presidida por el senador Líder Amarilla, no hubo acciones concretas resguardar las tierras protegidas por Ley por parte el Ejecutivo, que era lidera por el ahora preso expresidente Santiago Peña.

En su escrito de este lunes, el representante legal sostuvo que, pese a las múltiples presentaciones administrativas y los pronunciamientos judiciales firmes, las autoridades aún no promovieron las demandas de nulidad. Para fundar su exigencia, De Vargas invocó el artículo 13 del Decreto N.º 7.525/11 —que obliga a Defensa a activar los trámites ante la Procuraduría— y advirtió que la Asociación agotará todas las instancias internas antes de recurrir a organismos internacionales.

Nexos.

El reclamo de la Asociación Espíritu Santo expone además los presuntos vínculos entre las cuatro sociedades offshore adjudicatarias de las tierras chaqueñas y el empresario colombo-estadounidense Kiantar Betancourt, representante de la firma Atenil S.A. Según recordó De Vargas, Betancourt integró la delegación oficial paraguaya que participó en la cumbre climática COP28, celebrada en Dubái en diciembre de 2023, comitiva de la que también formaron parte Gonzalo Peña, hijo del presidente de la República, Santiago Peña y Alejandro Gómez Abente, directivo del banco Ueno (estos os últimos presos ahora por el Caso Ueno). De acuerdo con el letrado, Betancourt mantendría supuestamente un vínculo comercial con Gonzalo Peña, quien acompañó al jefe de Estado durante dicho viaje oficial.

Asimismo, el abogado citó investigaciones periodísticas que documentan el interés de Atenil S.A. en comercializar créditos de carbono generados a partir de bosques nativos del Chaco. Este esquema de negocios fue regulado en Paraguay mediante la Ley N.º 7190, promulgada de manera acelerada por el gobierno de Santiago Peña en octubre de 2023.  

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