La Fiscalía imputó este viernes 13 de noviembre de 2026 al presidente Santiago Peña Palacios, al titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, y a otras cuatro altas autoridades del ente regulador, por presunta asociación criminal en el caso Ueno Bank. La imputación fue formulada por un equipo de siete agentes fiscales del Ministerio Público.
Además de Peña y Carvallo, el proceso alcanza al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a los miembros titulares del Directorio del Banco Central: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.Tras la orden fiscal, los tres directores fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, en la sede del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional.
Según la Fiscalía, Peña habría encabezado una organización jerárquica dentro del Estado para subordinar el sistema financiero a los intereses del Grupo Vázquez, con el que mantenía vínculos patrimoniales previos.
El documento sostiene que el mandatario mantuvo reuniones periódicas en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga con Federico Vázquez, presidente del grupo financiero, donde habría recibido 200.000 dólares en efectivo en sobres a cambio de impartir directivas para evitar la intervención del banco.
Para ejecutar el blindaje, se habrían ubicado personas de confianza en puestos estratégicos de control. Entre junio y octubre de 2026, las autoridades del Banco Central ignoraron reiteradas alertas técnicas internas sobre el grave deterioro patrimonial de Ueno Bank y validaron maniobras irregulares, como la simulación de una venta de cartera a Vinanzas S.A. por más de 74,4 millones de dólares, financiada indirectamente por el propio banco.
La Fiscalía también detalla que en octubre pasado se adulteró un informe técnico solicitado por la Cámara de Senadores. En reuniones reservadas, Marco Aurelio González, junto a Carvallo, Insfrán y el director jurídico Aldo Rodríguez, modificó el documento oficial para afirmar falsamente ante el Congreso que los excesos crediticios habían sido subsanados, suprimiendo las advertencias sobre insolvencia.
La omisión de medidas cautelares permitió que Ueno Bank siguiera operando sin restricciones y lanzara agresivas campañas de captación de depósitos y Certificados de Depósito de Ahorro, con promesas de reintegros del 50 por ciento, entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.
El 2 de noviembre finalmente se declaró el procedimiento de resolución de la entidad, tras comprobarse que su solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
Según el Ministerio Público, esta dilación generó un multimillonario menoscabo al Fondo de Garantía de Depósitos y comprometió fondos públicos y previsionales depositados en el banco por más de 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares.
A Peña, Carvallo e Insfrán se les atribuye el hecho punible de asociación criminal. En tanto, los tres miembros del Directorio enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal. Para Marco Aurelio González se suman los delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, con una expectativa de pena que podría alcanzar los 15 años de cárcel.
Dado que Peña y Carvallo ya cuentan con medidas cautelares previas en la causa, el equipo fiscal solicitó prisión preventiva para Marco Aurelio González, arresto domiciliario con tobillera electrónica para Liana Caballero y Miguel Ángel Mora, y medidas cautelares reales, incluyendo la inhibición general de enajenar y gravar bienes y el bloqueo de cuentas bancarias para los tres directores. También pidió un plazo de seis meses para concluir la investigación.