La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, formuló imputación contra el funcionario judicial Ángel Hernán Aranda Navarro por la supuesta comisión del hecho punible de revelación de secretos de servicio.
De acuerdo con la investigación, Aranda Navarro —técnico administrativo del Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de San Lorenzo— filtró datos confidenciales y decisiones judiciales no notificadas a Antonia Galeano, funcionaria de la Sección Estadística de la misma sede penal. Los intercambios se realizaron mediante mensajes de WhatsApp entre el 31 de marzo y el 29 de abril de 2026 en la causa tramitada contra Marcelo Fabián Peña Mancuello por tenencia de drogas.
Esquema de cobro de coimas y filtración de resoluciones
Según la hipótesis fiscal, Antonia Galeano actuó como intermediaria ante el padre del procesado, Concepción Alcides Peña Acosta, prometiéndole conseguir el arresto domiciliario con tobillera electrónica para su hijo a cambio de dinero en efectivo. El pedido inicial habría sido de G. 6.000.000 (con entrega previa de G. 3.000.000 el 21 de abril) más un adicional de G. 1.000.000 supuestamente destinado a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC). El dinero de las coimas supuestamente iba a ser distribuido entre funcionarios del juzgado, incluyendo al imputado Aranda Navarro.
La investigación culminó con un procedimiento de entrega vigilada el 5 de mayo de 2026, donde Galeano fue interceptada con G. 4.000.000 en billetes previamente fotocopiados y autenticados judicialmente.
Medidas solicitadas. La Fiscalía presentó el requerimiento ante el Juzgado Penal de Garantías solicitando la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para Ángel Aranda, entre las cuales se destacan:
Prohibición absoluta de acercarse al Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de San Lorenzo.
Prohibición de comunicarse con Antonia Galeano y con funcionarios de dicha sede judicial.
Obligación de comparecencia mensual ante el juzgado y prohibición de salida del país.
El Ministerio Público fijó un plazo de seis meses para la presentación de la acusación u otro requerimiento conclusivo.