El juez penal de garantías Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez decretó este jueves 19 de noviembre la prisión preventiva de Fabricio Martín Martínez Appleyard, director general de la empresa transportadora de caudales GSR Security, por el faltante de G. 3.090.600.000 pertenecientes a Ueno Bank y Red Digital.

La medida fue dispuesta mediante el Auto Interlocutorio N.° 377. El magistrado ordenó el traslado y la reclusión del procesado en el Centro Nacional de Prevenidos. Estigarribia rechazó las medidas alternativas solicitadas por la defensa, al considerar que persiste el peligro de fuga por la gravedad de los hechos, la magnitud del perjuicio económico y la expectativa de pena.

La conducta del imputado fue tipificada provisoriamente como supuesta apropiación, prevista en el artículo 160, inciso 2.°, del Código Penal, y frustración de la persecución y ejecución penal, prevista en el artículo 292, inciso 1.°, del mismo cuerpo legal.

Según el acta de imputación presentada por el agente fiscal Silvio Iván Corbeta Dinamarca, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2026.Minutos antes de las 17:00, tras tomar conocimiento de la intervención de Ueno Bank dispuesta por el Banco Central del Paraguay, Martínez Appleyard se habría presentado en la sede de GSR Security para ordenar al jefe de seguridad el retiro anticipado del personal administrativo.

De acuerdo con la investigación fiscal, el directivo dispuso apagar las cámaras y el sistema de grabación (NVR) del sector de Tesorería, la bóveda principal y la esclusa de salida. Posteriormente, tras un inventario físico, recibió personalmente del gerente de Tesorería la suma de G. 18.102.290.050 y USD 189.396, firmando el comprobante de entrega en representación del Directorio.

Los fondos fueron cargados en el móvil blindado N.° 007, marca Toyota, modelo Hiace, chapa AAYL 756, cuyo registro GPS marcó un desplazamiento directo hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción. En ese sitio fueron incautados posteriormente documentos vinculados con los movimientos de ambas entidades. Tras los arqueos realizados durante el proceso investigativo, se constató el faltante de G. 3.090.600.000.

Durante la audiencia de imposición de medidas, los abogados defensores Paolo Steven Vicente Castiñeira Roche y Eduardo Daniel Agüero sostuvieron que su representado posee arraigo suficiente en el país. La defensa argumentó que el daño patrimonial fue reparado íntegramente mediante la presentación de un cheque por G. 3.090.600.000 durante su declaración indagatoria.

Asimismo, ofreció como caución real tres inmuebles ubicados en Capiatá, San Cosme y Damián, y Ñemby, pidiendo plazos adicionales de 24 horas y 30 días para adjuntar las tasaciones faltantes y los certificados de dominio.

Al analizar el pedido, el juez señaló que la sola exhibición del cheque no acredita la reparación efectiva del daño, al no haberse verificado la disponibilidad real de los fondos. En cuanto a las propiedades ofrecidas, la resolución sostiene que la falta de tasaciones completas y de certificados de condiciones de dominio actualizados impide comprobar el valor económico y la libre disponibilidad jurídica de los bienes al momento de resolver.

No obstante, el juzgado dejó constancia de que la prisión preventiva podrá ser revisada posteriormente si la defensa incorpora la documentación registral y pericial idónea para garantizar el sometimiento del imputado al proceso.

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