El Senado de Paraguay decidió postergar por siete días el tratamiento de la pérdida de investidura de la senadora oficialista Zenaida Delgado, fijando una sesión extraordinaria para debatir su expulsión definitiva el próximo miércoles 4 de noviembre de 2026. El pleno aprobó esta prórroga con 28 votos a favor, luego de que la legisladora presentara un pedido formal argumentando la necesidad de garantizar su derecho a la defensa y declarándose inocente de todas las acusaciones. Pese a este respiro legal, la presión política es asfixiante: legisladores de la oposición y de diversas bancadas afirman que ya se perfilan de forma preliminar los 30 votos requeridos para removerla de su banca, lo que la convertiría en la cuarta parlamentaria expulsada en el periodo actual.
El libelo acusatorio que arrastra a Delgado consta de siete puntos gravísimos que configuran un presunto uso indebido de influencias. Entre las denuncias más severas destaca un esquema de «peaje salarial», donde se le acusa de exigir mensualmente a entre 15 y 20 funcionarios de su despacho la devolución de sus bonificaciones (sumas de entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000). Asimismo, tres exfuncionarias la denunciaron por la supuesta venta de cargos públicos por montos de hasta G. 100 millones para otorgar nombramientos permanentes, llegando incluso a gestionar créditos bancarios para que los afectados reunieran el dinero. El documento también rescata el escándalo del incendio de un vehículo del Congreso en San Pedro, el cual la senadora utilizaba indebidamente para fines particulares junto a su pareja.
Por su parte, Delgado —exmiembro de Cruzada Nacional y actual aliada de la bancada neopeñista/cartista de la ANR— ha calificado todo el proceso como una campaña de mentiras, fustigando a las denunciantes por recurrir a los medios de comunicación en lugar de la Fiscalía. En un intento por desviar la atención del foco judicial, la senadora también denunció públicamente a su expareja, Gustavo Vera Santander, alegando que la estaba extorsionando con difundir videos íntimos grabados sin su consentimiento. Mientras el oficialismo evalúa una renuncia voluntaria para mitigar el costo político, el reloj corre para Delgado en una semana que promete ser definitoria para su carrera en el Congreso.