La Asociación Espíritu Santo reiteró el pedido de anular las transferencias a cuatro empresas offshore y exigió que se reclame la multa prevista en la Ley de Seguridad Fronteriza. También cuestionó que Marco Aurelio González no haya actuado pese a conocer las denuncias durante su gestión como procurador.

La Asociación Espíritu Santo volvió a reclamar la intervención de la Procuraduría General de la República para revertir la transferencia de unas 310.000 hectáreas ubicadas en la zona de seguridad fronteriza del Chaco. La organización sostiene que las operaciones a favor de cuatro sociedades offshore deben ser anuladas y que el Estado debe reclamar la multa establecida en la legislación vigente.

El nuevo planteamiento fue presentado el 16 de noviembre por el abogado Francisco José de Vargas Benítez, representante de la Asociación, bajo el expediente N.º 2026-12001004-004614. El escrito reitera una solicitud formulada el 13 de octubre y está dirigido a la institución actualmente encabezada por Samuel Tadeo Rojas Caballero, quien asumió el cargo el 10 de noviembre.

De Vargas pidió que se promuevan las acciones de nulidad contempladas en el artículo 8 de la Ley N.º 2532/05, de Seguridad Fronteriza, contra las transferencias realizadas en cumplimiento de la Sentencia Definitiva N.º 494/2018.

El abogado invocó como fundamento la Sentencia Definitiva N.º 384/2026, dictada el 18 de agosto en el proceso penal contra la exjueza Tania Irún. En sus fundamentos, el Tribunal señaló que la magistrada vulneró el artículo 4 de la normativa fronteriza al no verificar la identidad de los accionistas de las empresas ni si sus acciones eran nominativas y no endosables.

Además de la nulidad, la Asociación solicitó reclamar la multa equivalente al doble del valor de la operación, cuyo beneficiario es el Estado paraguayo, y disponer medidas cautelares para evitar nuevas transferencias o gravámenes sobre los inmuebles.

SIN RESPUESTA

La organización también cuestiona la actuación de la Procuraduría durante la administración de Marco Aurelio González. Ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Indert, presidida por el senador Líder Amarilla, informó que había remitido doce notas a la institución para advertir sobre la presunta violación de la Ley de Seguridad Fronteriza.

De Vargas afirmó que González conocía el caso desde agosto de 2023, pero que durante su gestión no impulsó acciones para cuestionar las transferencias.

El exprocurador fue designado por Santiago Peña en 2023. En julio de 2025, el mandatario anunció su propuesta para incorporarlo al directorio del Banco Central del Paraguay. Antes de dejar el cargo, González nombró a Rubén Elidio Gaona como encargado de despacho, mediante una resolución cuestionada constitucionalmente.

Actualmente, González se encuentra imputado y con prisión preventiva en la investigación del caso Ueno Bank, por presuntos hechos de lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

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