ASUNCIÓN, PARAGUAY — Sospechas de encubrimiento, una bóveda vacía y un celular en prisión: las irregularidades que ponen en la mira al fiscal general tras la caída de Santiago Peña.
La histórica crisis política y financiera desatada tras el colapso de Ueno Bank —que dejó un perjuicio estimado en más de 800 millones de dólares en fondos públicos y provocó la destitución mediante juicio político del presidente Santiago Peña el pasado 6 de noviembre— ha abierto un nuevo frente de tormenta en Paraguay, luego de que diversos sectores políticos y ciudadanos denunciaran una presunta red de encubrimiento institucional que habría permitido al exmandatario y a su entorno ocultar evidencias clave y vaciar millonarias reservas de efectivo antes de que actuara la Justicia.
El principal blanco de los cuestionamientos es el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, contra quien legisladores de la oposición ya preparan un libelo acusatorio para someterlo a juicio político, acusándolo abiertamente de haber actuado con deliberada lentitud y de haber servido de alerta para proteger al exgobernante, señalando como antecedente las reuniones secretas que ambos mantuvieron en Mburuvicha Róga durante el escándalo de los «Sobres del Poder».
Según los denunciantes, la demora de la Fiscalía en ordenar allanamientos inmediatos funcionó en la práctica como un aviso para que los implicados limpiaran la escena, cuyo caso más emblemático ocurrió en la lujosa mansión de verano de Peña en San Bernardino, donde una comitiva fiscal-policial halló detrás de una pared falsa una sofisticada bóveda blindada con tecnología israelí que, tras ser abierta este martes con la llave facilitada por la propia defensa, estaba completamente vacía y sin rastros de dinero ni documentos.
A esta situación se suma la destrucción de pruebas en otras entidades vinculadas al esquema —como una firma bursátil donde cámaras de seguridad captaron la trituración de formularios de inversiones de Peña antes de una intervención— y el trato preferencial recibido por el exmandatario durante su proceso judicial.
A diferencia de cualquier procesado común, Peña fue trasladado a la Fiscalía y al Poder Judicial bajo un estricto blindaje mediático dispuesto por el juez penal de Garantías, Humberto Otazú, quien prohibió el acceso a la prensa alegando «razones de seguridad» para evitar registros fotográficos del expresidente esposado, además de concederle el beneficio de cumplir prisión preventiva en una habitación común del Regimiento Escolta Presidencial (REP) bajo el argumento de que maneja información sensible del Estado.
Sin embargo, el punto más crítico se desató cuando se confirmó que el exjefe de Estado tuvo acceso a un teléfono celular durante todo el fin de semana en el cuartel militar, un hecho que obligó al propio Emiliano Rolón a admitir públicamente que el equipo investigador incurrió en una «omisión» al no incautar el dispositivo en el momento de la captura, motivando una requisa tardía en el REP donde finalmente se confiscó un iPhone.
Mientras el Ministerio Público intenta contener las críticas asegurando que Peña enfrenta una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel por lesión de confianza y administración en provecho propio, la presión ciudadana y política crece con convocatorias a movilizaciones para exigir la destitución de Rolón por «inoperancia y complicidad», aunque el avance de su juicio político en el Senado permanece incierto ante la postura del oficialismo colorado, cuyo titular, Basilio «Bachi» Núñez, adelantó que no acompañará la remoción sin pruebas contundentes.