El colapso de ueno bank y el posterior comunicado del presidente Santiago Peña, omitiendo sus vínculos históricos con dicha entidad, han desatado una peligrosa tormenta perfecta en Paraguay. Con sectores de oposición y movimientos radicales convocando a movilizaciones en el microcentro de Asunción, el país se asoma nuevamente al abismo de la crispación civil, configurando un escenario propicio para desbordes que, según los antecedentes históricos de la nación, suelen cobrarse vidas inocentes en nombre de la desestabilización política.

La salida forzada del titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, y el apurado proyecto de salvataje estatal no han logrado calmar las aguas; por el contrario, el silencio del Ejecutivo sobre su pasado como accionista de ueno Holding y la polémica inyección de fondos del IPS han servido de combustible para encender el descontento popular. En este río revuelto, agrupaciones de izquierda radical encuentran el ambiente ideal para capitalizar el malestar, impulsando protestas cuyo peligro real no radica en el legítimo derecho a manifestarse, sino en la alta probabilidad de que facciones radicales busquen el choque directo con las fuerzas del orden para generar caos y, eventualmente, fabricar «mártires» que debiliten las bases del gobierno actual.

La historia paraguaya reciente es un recordatorio sangriento de cómo las crisis financieras e institucionales pueden ser instrumentalizadas hacia la tragedia. Los fantasmas del «Marzo Paraguayo» de 1999 o la quema del Congreso Nacional en 2017 evidencian un patrón histórico: manifestaciones que inician bajo consignas ciudadanas terminan siendo secuestradas por agitadores tácticos. En esos episodios, el enfrentamiento planificado no buscaba el consenso, sino el impacto de la violencia extrema y la pérdida de vidas para forzar quiebres institucionales.

Hoy, las inmediaciones del Congreso y el Panteón de los Héroes vuelven a perfilarse como zonas de alto riesgo. Si las autoridades de seguridad no ejecutan un cordón de contención estrictamente profesional y si la ciudadanía pacífica no se deslinda de los sectores que promueven la confrontación, Asunción corre el riesgo de repetir sus capítulos más oscuros. La advertencia está sobre la mesa: la delgada línea entre la protesta social y la agenda de desestabilización violenta amenaza, una vez más, con derramar sangre de paraguayos inocentes en las calles de la capital.

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