Advirtieron ante la Cámara de Senadores sobre irregularidades registrales en la transferencia de 310.000 hectáreas en el Chaco, apuntando a conexiones societarias con el entorno del expresidente.
El abogado Francisco de Vargas, representante legal de la Asociación Espíritu Santo, cuestionó duramente la inactividad de las instituciones públicas frente a las denuncias sobre la transferencia irregular de más de 310.000 hectáreas de tierras en el Chaco paraguayo. Entre los organismos principales señalados se encuentra el Registro Unificado Nacional (RUN), dependencia estatal que acumuló diversas presentaciones dirigidas a frenar o auditar las operaciones registrales de los inmuebles en litigio.
El caso fue expuesto detalladamente ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Indert de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Líder Amarilla. Asimismo, la representación legal criticó también la falta de acciones protectoras por parte de la Procuraduría General de la República durante la administración de Marco Aurelio González, pese a los antecedentes formales acercados a la institución. A los reclamos de la entidad religiosa se sumaron las gestiones de la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas del Norte y del Sur, patrocinada por los abogados Milciades Benítez y el exministro de Hacienda Benigno López.
Mediante una presentación de López del 7 de septiembre de 2026 y dirigida a la directora general del RUN, Lourdes González, la fundación exigió la investigación exhaustiva de anomalías registrales sobre cinco fincas localizadas en el distrito de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay. En dicho expediente administrativo, la fundación solicitó la emisión de un dictamen de la asesoría jurídica, el aseguramiento inmediato de los asientos registrales y la remisión de los antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para indagar la conducta del magistrado y del escribano intervinientes. Adicionalmente, Benigno López requirió que, en caso de detectarse indicios de fraude de ley con posibles ramificaciones de evasión tributaria durante el sumario, los recaudos sean comunicados de inmediato al Ministerio Público.
La fundación sostiene que las operaciones financieras y dominiales que posibilitaron las transferencias se basan en una sucesión de contratos privados celebrados entre firmas extranjeras, cuya validez jurídica debe ser fiscalizada de estricta conformidad con el derecho positivo paraguayo. Al respecto, Benigno López cuestionó que se haya utilizado una compleja red de transacciones foráneas para lograr la escrituración judicial de propiedades situadas en el territorio nacional sin cumplir previamente con los requisitos civiles, tributarios y de control registral.
Para fundamentar este punto, el abogado López sumó al expediente los antecedentes del proceso penal contra la exjueza Tania Irún, quien en 2018 dictó la resolución que ordenó transferir las tierras chaqueñas a favor de cuatro offshores Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited.
Al respecto, la denuncia trae a colación el fallo emitido el 11 de agosto de 2026 por el Tribunal de Sentencia compuesto por Rossana Maldonado (presidenta), Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, el cual determinó con claridad que la sentencia conviene la Ley de Seguridad Fronteriza.
«Así las cosas no existen dudas de que la entonces magistrada Abog. Tania Irún ciertamente violentó el art. 4 de la Ley N° 2532/05 al no tener a la vista quienes eran los accionistas de las empresas (…) si la acciones eran nominativas y no endosables a fin de hacer lugar a la demanda en cuestión», reza textualmente la sentencia del tribunal.
QUIEN ESTÁ DETRÁS
Las cuatro offshore beneficiadas cona sentencia están asentadas en Chipre e Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo con lo expuesto ante la comisión especial del Senado por el abogado Francisco de Vargas, la representación de estas firmas se encuentra ligada al empresario colombo-estadounidense Kiantar Betancourt, a quien identificó como socio comercial de Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República Santiago Peña.
De Vargas aludió a investigaciones periodísticas que documentan nexos societarios y participaciones conjuntas en cumbres internacionales como la COP28, así como en foros sobre mercados de carbono, de los que también habría tomado parte Alejandro Gómez Abente, director del banco Ueno.
El trasfondo económico del litigio apunta al lucrativo negocio de la valorización de la masa boscosa chaqueña para la generación de bonos de carbono, destinados a corporaciones internacionales interesadas en compensar su huella de emisiones. Dicha actividad comercial en el país se encuentra regida por la Ley N.º 7190/23, promulgada de forma acelerada durante los primeros meses del mandato de Santiago Peña, en octubre de 2023.