ASUNCIÓN, PARAGUAY — 16 de noviembre de 2026. La decisión judicial que mantiene al expresidente Santiago Peña bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) por razones de «seguridad» continúa generando fuertes críticas en distintos sectores políticos y ciudadanos, que denuncian un trato desigual frente a otros procesados por el colapso de ueno bank.
El debate sobre las condiciones de detención del exmandatario cobró nueva relevancia tras conocerse hoy que el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió inhibirse de seguir entendiendo en la causa N.º 92/2026, alegando un vínculo familiar colateral con Marco Aurelio González, exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) recientemente imputado en el mismo expediente.
Antes de apartarse del caso, Otazú fue quien dictó la prisión preventiva de Peña el pasado 7 de noviembre por los presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal; sin embargo, a diferencia de los demás involucrados —como exdirectivos del BCP y directivos de la entidad financiera, quienes fueron remitidos a penitenciarías ordinarias—, el juez dispuso que el exjefe de Estado permanezca en una unidad militar.
Según explicó el propio Otazú ante medios locales, la medida respondió exclusivamente a criterios de seguridad debido al cargo que ocupó y al manejo de información sensible, argumentando que su ingreso a una cárcel común representaría un riesgo para su integridad física.
No obstante, diversos sectores sociales y publicaciones críticas calificaron la resolución como un «privilegio del poder», cuestionando la existencia de una justicia diferenciada para exautoridades en medio de una crisis financiera que afectó a millones de ahorristas y comprometió fondos públicos.
Ante las versiones sobre supuestas comodidades en el recinto militar, el juez Otazú afirmó haber ordenado una inspección ocular que descartó lujos y aseguró que las condiciones internas corresponden a la administración del establecimiento, limitándose su rol a garantizar derechos constitucionales.
Con la inhibición formalizada este lunes, el expediente contra Santiago Peña fue remitido al Juzgado Penal de Delitos Económicos del Segundo Turno, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, quien deberá decidir si acepta la causa o si se procede a un sorteo informático para designar a un nuevo magistrado.


