La propuesta anunciada busca proteger a los ahorristas y recupera una iniciativa que la propia ASOBAN impulsó nueve años atrás.
Penas de hasta diez años para los casos más graves y requisitos concretos para probar la conducta son parte de la actualización legislativa que anunció el diputado Ale Aguilera contra el terrorismo financiero. Su planteamiento surge ante lo que describe como una disputa empresarial atravesada por intereses entre medios de comunicación y bancos, con riesgos para personas ajenas a esas confrontaciones.
“Es una vergüenza que el miedo de los ahorristas pueda convertirse en una herramienta de disputa empresarial”, expresó. El legislador sostuvo que el Congreso debe asumir su responsabilidad y debatir una iniciativa que proteja el ahorro frente a falsedades fabricadas para provocar retiros masivos.
Según el anuncio, la pena básica sería de hasta cinco años de prisión o multa. Podría llegar a ocho años cuando los retiros masivos produzcan una afectación grave de la liquidez, o cuando exista abuso de funciones o utilización de información reservada. El máximo de diez años se aplicaría a casos especialmente graves con consecuencias comprobadas para depositantes u otras entidades.
Para sancionar, Aguilera plantea que deba demostrarse que alguien difundió hechos falsos con conocimiento de su falsedad y con la finalidad de provocar retiros masivos, generando un peligro concreto y grave para la liquidez. También aseguró que el texto prohibirá la censura previa y mantendrá la reserva de las fuentes periodísticas.
La iniciativa recupera el proyecto para tipificar el pánico financiero promovido por ASOBAN mediante una nota del 27 de marzo de 2017. La presentación legislativa del expediente está fechada el 4 de mayo. En su comunicación, el gremio alertaba sobre rumores malintencionados y maniobras asociadas a la competencia desleal o la venganza comercial, e incluía referencias al “terrorismo financiero”.
Aguilera destacó el sacrificio que representa cada depósito y advirtió que los efectos de una falsedad pueden alcanzar a familias que no participan de las disputas económicas. Anunció que impulsará el debate con supervisores, representantes del sector financiero y especialistas para actualizar tanto las disposiciones penales como las garantías del proyecto original.