El senador Gustavo Leite lanzó duras críticas contra el Banco Central del Paraguay (BCP) ante la demora en responder el pedido de informes del Congreso sobre las presuntas faltas cometidas por ueno bank, calificando la falta de respuestas rápidas como un acto «poco institucional» y advirtiendo que la estabilidad del sistema financiero está bajo la lupa tras filtrarse un memorando técnico que detalla serias violaciones regulatorias en la entidad privada.
La controversia subió de tono tras la difusión de un informe interno elaborado por el entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, Fernando Rivarola, el cual advierte sobre una compleja ingeniería financiera que incluyó la venta de una cartera de créditos de ueno bank por USD 35 millones y G. 36.900 millones a una firma denominada Vinanzas S.A..
Según el análisis del supervisor, el propio banco habría desembolsado préstamos a terceras empresas que, de forma inmediata y sin permanencia en las cuentas, desviaron los fondos para financiar indirectamente la compra de su propia cartera de deudores vinculados, buscando presuntamente eludir los límites prudenciales del sistema financiero.
Ante este escenario, el senador Leite fue categórico al señalar la responsabilidad de la banca matriz en la fiscalización de estos movimientos y afirmó de manera tajante que si el informe final del BCP demuestra que las autoridades estaban al tanto de estas alarmas y decidieron omitirlas, el documento remitido al Legislativo debería venir acompañado con la renuncia en pleno de los miembros del directorio de la banca matriz.
El legislador también reconoció públicamente que esta situación salpica políticamente al presidente de la República, Santiago Peña, debido a su pasada vinculación como accionista en la estructura comercial relacionada, mientras las críticas apuntan a un cuestionario de 31 preguntas enviado conjuntamente por senadores de distintas bancadas que hasta la fecha no ha recibido aclaraciones institucionales claras.
Al reclamo de Leite se han sumado voces de diversos sectores políticos; legisladores opositores califican los hechos descritos en el memo de Rivarola como un escándalo absoluto, mientras diputados disidentes exigen auditorías urgentes ante el crecimiento exponencial de fondos públicos depositados en la entidad, al tiempo que la directiva actual de ueno bank alegó formalmente no haber recibido notificaciones de sumarios o dictámenes técnicos sancionatorios por parte de la banca matriz.