La Fiscalía informó los avances de las dos causas vinculadas al caso Ueno Bank: la que investiga a la entidad bancaria y la que involucra al expresidente Santiago Peña y al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.
En conferencia de prensa, los fiscales adjuntos Nancy Salomón, de Delitos Económicos y Anticorrupción, y Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, junto con los agentes fiscales Francisco Cabrera y Silvia González, explicaron el estado de ambas investigaciones.
El expresidente Santiago Peña fue imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza. El expresidente del BCP, Carlos Carvallo, fue imputado por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso. Ambos fueron detenidos ante el riesgo de fuga tras el juicio político y la destitución, y luego imputados y declarados dentro de los plazos legales. En la causa de Ueno Bank, la investigación comenzó el 3 de noviembre con órdenes de detención ese mismo día y la imputación de 27 personas al día siguiente. Hasta ahora se identificaron unas 37 empresas y alrededor de 35 personas vinculadas, y se esperan nuevas imputaciones y medidas para asegurar bienes.
El fiscal Francisco Cabrera detalló que la investigación avanza en cuatro frentes: determinar los hechos y los responsables, rastrear el patrimonio de personas y empresas, recuperar los activos y realizar allanamientos para reunir documentos e información.
El objetivo es que los ahorristas recuperen todos sus ahorros. Las medidas sobre los bienes de empresas se levantarán cuando se confirme el origen de los fondos, para proteger a los trabajadores de las firmas que funcionaban realmente. La fiscal adjunta Nancy Salomón calificó la investigación como muy compleja. Señaló que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, dispuso incorporar cuatro agentes fiscales de UDEA a los equipos de trabajo y que se sumarán más fiscales según lo requiera la causa. Aclaró que, en esta etapa, las actuaciones son reservadas.
La fiscal Silvia González informó que la causa contra los expresidentes se originó en denuncias de legisladores de ambas cámaras del Congreso. Agregó que, con autorización judicial, se allanó la vivienda de San Bernardino, donde se halló una bóveda de seguridad de gran complejidad, que se abrirá con el equipo adecuado, además de computadoras, otros dispositivos y documentos que podrían ser importantes. También se encontró un teléfono celular en los lugares de reclusión. Explicó que las detenciones se cumplieron con resolución fiscal por la urgencia del caso y que el celular se incautó después, con orden judicial.
El fiscal adjunto Manuel Doldán señaló que se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas. Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofreció su colaboración. El Ministerio Público continúa con las diligencias y la cooperación con organismos nacionales e internacionales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.