El presidente del Congreso Nacional, Basilio «Bachi» Núñez, confirmó la recepción de las 31 páginas de respuestas enviadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) en relación con el sistema financiero y las operaciones bancarias del país. Sin embargo, en una decisión que ha despertado una fuerte ola de sospechas y cuestionamientos políticos, el legislador anunció que los sobres lacrados permanecerán guardados y no se abrirán sino hasta mañana viernes 9 de octubre durante una reunión de la Mesa Directiva que se convoca de forma extraordinaria.
El tratamiento de los documentos se dio a conocer apenas 1 día después de que el propio Núñez y el titular del BCP, Carlos Carvallo, mantuvieran una reunión de urgencia con el presidente de la República, Santiago Peña, en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga. Para justificar este hermetismo, el titular del Legislativo alegó que la medida busca evitar un supuesto «terrorismo financiero» que pudiera desencadenar una estampida de ahorristas de diferentes entidades, mientras que la banca matriz advirtió que el deber del secreto bancario estipulado en la ley se traslada automáticamente a los parlamentarios bajo riesgo de sanciones legales en caso de filtraciones.
Esta drástica frenada ha expuesto una abierta contradicción política dentro del oficialismo, dado que fueron los propios senadores cartistas —incluyendo a Antonio Barrios, Natalicio Chase y al mismo Bachi Núñez— quienes impulsaron y aprobaron a contrarreloj estos pedidos de informes masivos al regulador.
Analistas y sectores de la oposición interpretan este giro de 180 grados como una estrategia de control de daños, avivando la hipótesis de que la información técnica remitida por el BCP podría salpicar o comprometer directamente a los intereses de la banca vinculada al entorno gubernamental, particularmente en lo que respecta a las consultas sobre las fusiones y el crecimiento de Ueno Bank.
Asimismo, hay fuerte presión ejercida por gremios como la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), que advirtieron sobre el peligro de manosear datos confidenciales para la estabilidad económica y el grado de inversión del país. Al congelar el contenido de las respuestas durante todo el fin de semana, el oficialismo no solo busca enfriar el impacto mediático del caso, sino que gana un valioso margen de maniobra técnica y política para que sus asesores jurídicos delimiten qué extractos de las 31 fojas se mantendrán bajo censura legal y qué partes podrán ser finalmente socializadas con los líderes de las distintas bancadas.