ASUNCIÓN. — Diversos sectores de la oposición en el Congreso Nacional iniciaron las gestiones para impulsar un pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a quien acusan de presunto mal desempeño de funciones y omisiones graves al frente del Ministerio Público.
La ofensiva legislativa cobró fuerza tras los cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía en las investigaciones vinculadas al colapso de Ueno Bank y las denuncias patrimoniales que involucran al expresidente Santiago Peña, instancias en las que diputados de la multibancada opositora —como Carlos Pereira, Billy Vaesken y Raúl Benítez— junto con la senadora Celeste Amarilla señalaron que la institución demoró diligencias clave pese a advertencias previas realizadas desde el Parlamento.
Según los legisladores impulsores, Rolón Fernández desestimó inicialmente los reclamos parlamentarios calificándolos de «politiquería» y exigió estándares probatorios que, a criterio de los denunciantes, frenaron el avance oportuno de las pesquisas sobre presuntas irregularidades financieras y el patrimonio del exmandatario.
A este escenario se suma una denuncia presentada ante la Cámara de Diputados por el abogado Alcides Ortega Villalba, sustentada en el artículo 225 de la Constitución Nacional, que atribuye al titular del Ministerio Público supuestos hechos de nepotismo, la comisión irregular de familiares en instituciones binacionales y presunta negligencia en causas de alto impacto, como la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, manifestó que garantizará el trámite institucional en caso de que el documento ingrese formalmente, mientras que los principales referentes de las bancadas oficialistas tanto en Diputados como en el Senado evitaron adelantar una postura y señalaron que fijarán posición una vez que el libelo acusatorio sea presentado oficialmente y se analicen sus fundamentos.
Entretanto, las bancadas opositoras mantienen reuniones para consolidar las firmas necesarias y definir la fecha de ingreso formal del libelo en la Cámara Baja, instancia encargada de actuar como acusadora si reúne la mayoría requerida.