La Cámara de Senadores de la República del Paraguay dictó un fallo histórico al votar de manera oficial por la condena y destitución definitiva de Santiago Peña, apartándolo de la jefatura de Estado de forma inmediata.
Tras una sesión extraordinaria de máxima tensión, el tribunal parlamentario reunió la mayoría absoluta de dos tercios requerida por la Constitución Nacional para declarar al exmandatario culpable de los cargos de mal desempeño en sus funciones y lesión de confianza.
La histórica resolución no solo determinó su cese inmediato en el cargo —provocando la asunción automática del vicepresidente Pedro Alliana—, sino que además le impuso la pena de inhabilitación especial para ejercer cualquier tipo de función pública por el término de diez años.
El voto condenatorio de los legisladores se consolidó tras considerarse como evidencias irrefutables las propias declaraciones juradas de Peña y los registros de la Superintendencia del Banco Central del Paraguay (BCP).
Estos documentos oficiales probaron que el ahora destituído mandatario mantuvo activas acciones millonarias por G. 6.144 millones en el holding controlador de ueno bank durante sus primeros 19 meses de mandato, violando flagrantemente la prohibición constitucional de conflicto de intereses.
El veredicto del Senado concluyó que esta participación económica comercial coexistió de forma ilegal con la triangulación institucional de su Gobierno, la cual desvió más de USD 800 millones de fondos del Estado y recursos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) hacia las arcas de la mencionada entidad financiera.
Al quedar consumada la destitución y la consecuente pérdida absoluta de sus fueros presidenciales, el Senado remitió la totalidad del expediente a la Fiscalía General del Estado para que Peña responda de forma ordinaria ante la justicia penal.