La Cámara de Senadores aprobó la Declaración Nº 595, promovida por el presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, en respuesta a la desesperada movilización de más de 300 familias afectadas por el comiso de bienes del clan González Daher. Sin embargo, al tratarse de una resolución netamente política, el documento no es vinculante ni tiene el poder legal de frenar los remates organizados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).
La iniciativa parlamentaria simplemente «exhorta» a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Poder Ejecutivo a buscar alternativas institucionales para proteger a los compradores de buena fe. Se trata de pobladores de Luque, Limpio y Capiatá que pagaron la totalidad de sus lotes a la inmobiliaria vinculada a Ramón González Daher, pero cuyas casas quedaron atrapadas en el masivo decomiso judicial por usura y lavado de dinero. El propio texto del Senado reconoce expresamente los límites de la Constitución paraguaya, aclarando que la resolución no implica intromisión ni suspensión de las actuaciones del Poder Judicial, el cual se mantiene como un órgano independiente.
La solución real se tramita en los juzgados
Mientras la declaración legislativa funciona como una herramienta de presión mediática, el verdadero futuro de las familias se define ante la justicia penal ordinaria:
• Reunión clave con la magistrada: Una comitiva de afectados y sus abogados ya mantuvo una audiencia con la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, para exigir formalmente que se levante el bloqueo sobre sus propiedades.• Promesa de depuración: La jueza se comprometió a realizar un mapeo y revisar caso por caso los contratos privados de las familias. La meta judicial es que los compradores que demuestren haber cancelado sus cuentas queden fuera de la lista definitiva de la subasta programada para diciembre.