El dinamismo del sector financiero exige que sus instituciones reguladoras gocen de la máxima credibilidad, independencia y blindaje ético. En Paraguay, sin embargo, la falta de una normativa estricta sobre las llamadas «puertas giratorias» (revolving doors) representa una vulnerabilidad crítica para la transparencia del mercado y la protección de los recursos públicos. El tránsito fluido y constante de altos ejecutivos entre bancos privados y entidades estatales como el Banco Central del Paraguay (BCP) o el Banco Nacional de Fomento (BNF) expone al sistema a serios riesgos de captura regulatoria y uso indebido de información privilegiada, un fenómeno que alcanza los niveles más altos del poder político y económico.
El peligro del doble rol: Público y Privado
La figura de la puerta giratoria ocurre cuando profesionales del sector privado asumen cargos de alta dirección, regulación o supervisión en el sector público y, al cesar en sus funciones, se reinsertan inmediatamente en las principales mesas de directorio del sector financiero privado, o viceversa, sin un periodo de carencia adecuado. Este cruce de funciones es sumamente peligroso por tres razones principales:
• Uso de información privilegiada: Quienes regulan el mercado conocen de primera mano las estrategias operativas, las debilidades del sistema, las políticas de encaje legal y las fiscalizaciones en curso de los competidores. Al migrar al sector privado, esa información estratégica se convierte en una ventaja comercial desleal.
• Captura del regulador: Un funcionario público encargado de supervisar o sancionar a una entidad privada puede verse tentado a flexibilizar sus controles si sabe que, al terminar su mandato, ese mismo banco podría ser su próximo empleador.
• Conflicto de intereses inherente: Es institucionalmente incompatible defender los intereses del Estado y la estabilidad macroeconómica del país si se mantiene una lealtad implícita o explícita hacia los balances y la rentabilidad de las corporaciones privadas.
Casos emblemáticos en la cima del poder
En el debate público paraguayo, diversos sectores políticos y analistas señalan nombres concretos que ejemplifican de forma directa la normalización de esta práctica en las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y de la banca matriz:
• Santiago Peña (Presidente de la República): Su trayectoria combina roles clave en ambos sectores. Trabajó originalmente como economista en el BCP y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras desempeñarse como Ministro de Hacienda (2015-2017), pasó directamente al sector privado como miembro del directorio del Banco Amambay (luego Banco Basa), perteneciente al Grupo Cartes, antes de postularse y asumir la presidencia de la nación en 2023. Su entorno actual también enfrenta cuestionamientos debido a estrechos vínculos previos con los fundadores del actual ueno bank.
• Carlos Carvallo Spalding (Presidente del BCP): El actual titular de la banca matriz personifica este intercambio continuo. Se desempeñó como miembro del Directorio del BCP entre 2015 y 2020. Al salir de la institución pública, pasó al sector privado, donde llegó a ejercer la presidencia de la entonces Financiera Ueno (hoy ueno bank) entre 2021 y 2023. En septiembre de 2023, fue nombrado por Santiago Peña para regresar al sector público como presidente del BCP, lo que motivó fuertes críticas y pedidos de informe en el Congreso por un presunto conflicto de intereses al tener que supervisar a la misma entidad privada que lideró.
• Carlos Fernández Valdovinos (Ministro de Economía y Finanzas): Antes de asumir la cartera económica del gobierno actual, ocupó la presidencia del BCP (2013-2018). Tras dejar el cargo regulador, se incorporó al sector financiero privado como presidente del directorio del Banco Basa, permaneciendo allí hasta su regreso a la función pública en 2023.
• José Cantero Sienra (Expresidente del BCP): Previo a su ingreso a la banca matriz, se desempeñó como gerente general de Interfisa Banco. Posteriormente asumió funciones públicas como Superintendente de Bancos y luego como Presidente del BCP (2018-2023). Al concluir su mandato constitucional en la función pública, retornó inmediatamente a la actividad bancaria privada.
La necesidad imperativa de legislar
Actualmente, el marco legal paraguayo es sumamente laxo en esta materia. Si bien la Ley de la Función Pública y normativas éticas internas del BCP imponen restricciones generales, estas no contemplan mecanismos efectivos de sanción ni plazos obligatorios de enfriamiento que impidan este traspaso inmediato de funciones.
Para salvaguardar la integridad de las instituciones financieras, el Congreso Nacional debe legislar de manera urgente reformas orientadas a:
• Establecer un «periodo de enfriamiento» obligatorio: Prohibir por ley que cualquier miembro del directorio del BCP, de la Superintendencia de Bancos o de la alta gerencia del BNF pueda trabajar, asesorar o formar parte del directorio de un banco o financiera privada durante un periodo mínimo de dos a tres años posteriores al cese de sus funciones públicas.
• Crear un registro público de intereses: Obligar a los altos funcionarios del ámbito financiero a declarar sus vínculos comerciales y abstenerse formalmente de participar en regulaciones o rescates que involucren a entidades con las que tuvieron relación laboral reciente.
• Establecer sanciones severas: Implementar multas económicas drásticas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos a los exfuncionarios y a las entidades privadas que infrinjan estas restricciones.
El fortalecimiento del sistema financiero del Paraguay no depende únicamente de la estabilidad de la moneda o de la liquidez del mercado, sino de la confianza que los ciudadanos tengan en sus reguladores. Legislar para cerrar las puertas giratorias no implica desmeritar la capacidad técnica de los profesionales, sino trazar una línea ética clara que proteja el bien común por encima de los intereses corporativos. La transparencia de la banca matriz y del Estado no puede seguir sujeta a la buena voluntad; necesita el respaldo de una ley firme y moderna.