La posibilidad de un juicio político contra el presidente Santiago Peña ha cobrado fuerza en el Congreso paraguayo tras la apertura de una causa penal por parte de la Fiscalía, motivada por denuncias del Banco Central del Paraguay (BCP) en torno a la crisis e intervención de Ueno Bank.
Gremialistas de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS (AAIPS) calificaron la situación de «estafa histórica» por el presunto desvío y riesgo de los fondos jubilatorios inyectados en dicha entidad, convocando a movilizaciones ciudadanas frente a Mburuvicha Róga.
En el ámbito legislativo, parlamentarios de la oposición presentaron un libelo acusatorio invocando el Artículo 225 de la Constitución Nacional por mal desempeño en sus funciones y grave conflicto de intereses, exigiendo además el cierre de fronteras para el mandatario y el titular del BCP, Carlos Carvallo, por presunta lesión de confianza.
En contrapartida, el bloque oficialista busca blindar al jefe de Estado argumentando que Peña actuó engañado por informes institucionales falsos y advirtiendo que avanzar con su destitución causaría un severo perjuicio a la economía y estabilidad del país, enfocando la responsabilidad política únicamente en el directorio del banco matriz.