La Cámara de Senadores de Paraguay vive horas de intensa negociación política tras la presentación formal del pedido de pérdida de investidura contra la legisladora ex-Cruzada Nacional y actual aliada del oficialismo, Zenaida Delgado. El proceso parlamentario, impulsado formalmente por legisladores de la oposición y respaldado por el colorado disidente Óscar «Cachito» Salomón, se basa en presuntos hechos de uso indebido de influencias.
La acusación contra Delgado cobró fuerza tras la difusión de denuncias públicas realizadas por tres exfuncionarias de su despacho. De acuerdo con el libelo acusatorio, la legisladora habría montado un esquema de «peaje salarial», exigiéndoles sumas millonarias de dinero (que oscilaban entre los 50 y 100 millones de guaraníes) y la tramitación de préstamos ante la Caja Parlamentaria como condición para otorgarles nombramientos permanentes o evitar sus desvinculaciones. Debido a la gravedad de las denuncias, el presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, anunció el traslado del caso al Ministerio Público para dar inicio a una investigación penal.
A pesar de la contundencia de las pruebas testimoniales y las capturas de mensajería presentadas, el avance hacia una expulsión efectiva permanece en la incertidumbre debido a las dinámicas de proteccionismo que caracterizan a la bancada oficialista. Aunque preliminarmente se reportó que cerca de 29 senadores estarían inclinados a votar a favor de retirar la investidura, un importante bloque de legisladores de Honor Colorado y sectores aliados —los denominados «neopeñistas»— mantiene una postura ambigua.
Las sospechas de una operación de «blindaje» político cobraron fuerza luego de que fracasara por falta de quórum una reunión convocada por el líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, en la cual los parlamentarios debían escuchar de primera mano el testimonio de las víctimas. Esta maniobra dilatoria ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que advierte sobre un posible recule del sector mayoritario para proteger a una pieza clave en la distribución de fuerzas dentro de la Cámara Alta.
Mientras algunas fuentes legislativas sugieren que se ha presionado de forma interna a Delgado para que presente su renuncia voluntaria y así evitar el costo político de un debate abierto, la decisión final dependerá de los consensos de bancada que se alcancen antes del tratamiento en el pleno.