La Fiscalía General del Estado de Paraguay formalizó la apertura de tres causas penales contra el presidente renunciante Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y las máximas autoridades de las instituciones financieras y de control del Estado, en el marco del colapso institucional provocado por el caso de Ueno Bank.
A través de la Resolución FGE N.º 4474, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, conformó de urgencia un equipo especializado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. La investigación penal de estas tres causas está liderada por la fiscal directora Silvia González Véster, junto a los agentes Elena Fiore Franco y Christian Manuel Cáceres, bajo la coordinación directa de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
El rol y la situación jurídica de las máximas autoridades políticas
• Santiago Peña (Presidente renunciante): Enfrenta las tres líneas de investigación del Ministerio Público por presunta omisión de control, desvío de fondos y uso de información privilegiada. El avance de las acciones procesales en su contra en la justicia ordinaria está congelado en el Parlamento: tras anunciar su dimisión, los legisladores de su bancada rompieron el quorum legislativo para evitar que se acepte formalmente su renuncia. Debido a esto, Peña mantiene vigentes sus fueros presidenciales, por lo que la Cámara de Senadores se apresta a reactivar un Juicio Político (ya aprobado por la Cámara de Diputados) para retirarle la inmunidad presidencial de inmediato.
• Pedro Alliana (Vicepresidente de la República): Fue incluido formalmente en la investigación penal impulsada por el bloque de senadores nacionales (Entrada N.º 13.762). Se indaga su presunta implicancia, colusión o conocimiento del direccionamiento preferencial de recursos financieros estatales hacia la entidad privada mientras ejercía el segundo cargo del Poder Ejecutivo.
• Carlos Fernández Valdovinos (Exministro de Economía y Finanzas): Es el principal foco de la tercera causa penal, promovida de oficio por el propio Ministerio de Economía y Finanzas a través del actual ministro, Óscar Lovera Chávez. A Fernández Valdovinos se lo investiga penalmente por haber autorizado la colocación riesgosa de G. 250.000 millones pertenecientes a la Caja Fiscal de los trabajadores del Estado en Ueno Bank en julio de 2025, cuando él comandaba dicha cartera ministerial.
La cúpula reguladora y previsional bajo investigación fiscal
El Ministerio Público extendió los cargos penales hacia los directivos de los entes reguladores de Paraguay, bajo la presunción de haber facilitado un esquema de impunidad y omisión de alertas de lavado de dinero o quiebra fraudulenta:
• Banco Central del Paraguay (BCP): Los fiscales de Delitos Económicos ejecutaron allanamientos e intervenciones físicas en la sede central del banco matriz. Las pesquisas se centran en el expresidente del BCP, Carlos Carvallo, y en el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, acusados de haber otorgado tratos de favor y haber omitido de forma deliberada las auditorías oportunas sobre los límites regulatorios que violaba la entidad bancaria.
• Instituto de Previsión Social (IPS): Las máximas autoridades de la previsional se encuentran bajo la lupa fiscal por el masivo desvío de los fondos de jubilaciones de los trabajadores paraguayos. El IPS mantenía colocados en el banco intervenido aproximadamente G. 1,7 billones en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) que quedaron congelados, arriesgando el patrimonio de la seguridad social del país.
• Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes): Las autoridades de la institución de inteligencia financiera son investigadas por el presunto bloqueo o archivo selectivo de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La fiscalía indaga el motivo por el cual la Seprelad no emitió alertas tempranas sobre el agresivo y vertiginoso incremento de divisas extranjeras en las arcas de Ueno Bank, que en solo cuatro meses saltó de USD 144 millones a USD 246 millones de dinero estatal en dólares corrientes.
Ejecutivos detenidos y la magnitud del erario comprometido
Mientras se dirime la inmunidad y el desafuero de las principales cabezas políticas del gobierno, la justicia ordinaria ya ordenó la reclusión de la plana mayor corporativa. El fundador del banco, Miguel Vázquez, guarda prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) por presunta lesión de confianza y tentativa de estafa. Junto a él, otros seis miembros del directorio de la entidad —Julio Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Diego Duarte Schussmuller, Alejandro Gómez Abente, Miguel Ángel Almada Frutos y Juan Manuel Gustale— permanecen bajo estricta custodia judicial y policial tras los operativos fiscales simultáneos. En total, las autoridades estatales investigadas permitieron que se pusieran en riesgo casi G. 4,9 billones de fondos públicos, convirtiendo a esta firma intervenida en la segunda mayor captadora de dinero estatal de toda la República.