El Fiscal General del Estado de Paraguay, Dr. Emiliano R. Rolón Fernández, ordenó la apertura de causas penales y la conformación de un equipo especial de fiscales para investigar presuntas irregularidades que involucran al presidente de la República, Santiago Peña, y a altas autoridades del sector financiero estatal.
La medida, oficializada el 5 de noviembre de 2026 mediante la Resolución F.G.E. N.° 4474, responde a una serie de denuncias y ampliaciones presentadas por senadores y diputados de la Nación, a las que se sumó una denuncia del ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera Chávez.
Foco en fondos públicos y supervisión bancaria
Las acciones judiciales se centran en esclarecer hechos vinculados a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A., así como la colocación de fondos públicos en dicha entidad. Asimismo, la fiscalía indagará el rol y la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de las entidades públicas depositantes.
La resolución detalla que las denuncias formulan cargos contra:
• Santiago Peña, presidente de la República.
• El vicepresidente de la República y el exministro de Economía y Finanzas.
• Autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP).
• Directivos del Instituto de Previsión Social (IPS).
• Responsables de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Equipo especial anticorrupción
Para optimizar las tareas de investigación, el Ministerio Público dispuso la creación de un equipo de trabajo integrado por agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción con sede en Asunción.
La comitiva fiscal quedó conformada por Elena Fiore Franco, Silvia González Véster y Christian Manuel Cáceres, bajo la dirección de la fiscal González Véster y la coordinación de la Fiscal Adjunta, Dra. Nancy Salomón Marín.
El dictamen se fundamenta en la autonomía funcional y administrativa otorgada al Ministerio Público por los artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional de Paraguay. Los antecedentes del caso ya fueron remitidos a la Oficina de Denuncias Penales para el inicio formal de los procedimientos de rigor.