La Fiscalía ratificó su pedido de que se mantenga la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti, imputado en la causa que investiga presuntas operaciones crediticias irregulares vinculadas a Ueno Bank. Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle contestaron el recurso de apelación presentado por la defensa y solicitaron al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que ratifique el Auto Interlocutorio N.° 359, dictado por el juez Rodrigo Estigarribia el pasado 5 de noviembre, que decretó la medida.
Qué argumentó la defensa. La defensa, ejercida por los abogados Víctor Dante Gulino Ocampo y Álvaro Cáceres Alsina, recurrió la prisión alegando falta de fundamentación, inexistencia de los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal y arraigo familiar, laboral y patrimonial de su defendido.
Como alternativa, ofreció dos inmuebles pertenecientes al padre del imputado, valuados en G. 2.925.000.000, como caución real, y solicitó subsidiariamente el arresto domiciliario con control de tobillera electrónica.
Qué respondió la Fiscalía. El Ministerio Público sostuvo que el peligro de fuga está plenamente justificado por: La posición que ocupaba el procesado en la estructura societaria investigada. Las empresas receptoras de los fondos. La magnitud económica de las operaciones crediticias supuestamente irregulares. La declaración de ingresos mensuales aproximados de G. 170.000.000. Sobre la garantía ofrecida, la Fiscalía consideró que no resulta idónea ni eficaz en esta etapa procesal.
Según el dictamen, no se adjuntaron los certificados definitivos de condiciones de dominio de los inmuebles para verificar la inexistencia de gravámenes o restricciones, ni consta la formalización previa del consentimiento del titular registral para constituir la caución. Además, aclaró que, al haberse acreditado objetivamente el riesgo de fuga, la norma procesal no exige demostrar de manera simultánea un peligro autónomo de obstrucción a la investigación. Con esos argumentos, la Fiscalía solicitó el rechazo del recurso defensivo y la ratificación plena de la prisión preventiva dictada en primera instancia. El caso queda ahora a decisión del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos.