El Ministerio Público de Paraguay avanza con fuerza en la investigación del masivo escándalo financiero del Caso ueno bank, poniendo bajo la lupa el rol de Vinanzas S.A., señalada como la principal firma «pantalla» o vehículo de triangulación utilizado para maquillar la insolvencia de la entidad bancaria y simular una sólida situación patrimonial ante el Banco Central del Paraguay (BCP).
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vinanzas S.A. funcionó estratégicamente como la «aspiradora» de las pérdidas del banco a través de un circuito de dinero circular. La firma adquirió al contado una cartera de créditos vencidos y deteriorados de ueno bank por un valor superior a los USD 74,4 millones. Como la sociedad carecía de capital propio para solventar la operación, los fondos habrían salido del propio banco mediante millonarios préstamos y sobregiros sin garantías reales otorgados a otras empresas del Grupo Vázquez. Estas firmas transfirieron luego el dinero a Vinanzas S.A. para que esta se lo «devolviera» al banco simulando el pago de la cartera.
Mediante esta maniobra de auto-pago, la entidad bancaria logró ocultar un déficit de previsiones contables estimado en más de G. 1,6 billones, burlando de manera temporal las normativas y los controles de la Superintendencia de Bancos. Esta fachada de solvencia artificial y alta calificación de riesgo fue indispensable para proyectar una imagen de solidez que sirvió como anzuelo para captar millonarios fondos públicos, principalmente mediante la inyección de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS).
A la fecha, el proceso penal coordinado por las unidades fiscales especializadas en delitos económicos mantiene a 27 personas imputadas, entre ellas altos directivos de la entidad y los principales accionistas del grupo controlador, bajo cargos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Asimismo, el Juzgado de Delitos Económicos dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes, el congelamiento preventivo de cuentas bancarias y masivas incautaciones de activos de alta gama pertenecientes a las firmas vinculadas al esquema corporativo.