La senadora Zenaida Delgado se encuentra en una situación de máxima desesperación y al borde de perder su investidura en el Congreso Nacional. La presión política y mediática por el escándalo del cobro de «peajes salariales» a tres funcionarias de su despacho—Lidia González, Lorena Gauto y Leonarda Vera—ha acorralado por completo a la legisladora.
En las últimas horas, esta urgencia por frenar su inminente destitución quedó al descubierto tras un frustrado intento de tregua legal: la senadora intentó forzar la firma de un preacuerdo en el estudio jurídico de su abogado defensor, Óscar Tuma, contando con la intermediación de la abogada de las denunciantes, Arizelis Memme, que resultó estar en el mismo buffet de Tuma, además, Oscar Tuma es abogado del Pdte. del Congreso, Basilio Nuñez.
Aunque el entorno de Delgado se apresuró a difundir en los medios la supuesta concreción de un «pacto de no agresión verbal», el intento de sellar un acuerdo que claramente favorecía los intereses de la senadora por encima de las víctimas provocó un rechazo categórico. Las tres funcionarias se plantaron firmemente contra el documento, evidenciando que la maniobra de la legisladora fue un acto desesperado por frenar el impacto del proceso antes de ser expulsada del Parlamento.
A nivel legislativo, esta maniobra mediática no ha logrado frenar el proceso político en su contra por uso indebido de influencias. La senadora Yolanda Paredes y otros legisladores de la oposición ratificaron que existen pruebas documentales contundentes, como transferencias bancarias y audios filtrados, que sostienen de forma fehaciente la denuncia. Ante esto, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Javier Zacarías Irún, ya citó oficialmente a Delgado para este lunes para que ejerza su descargo, dejando el pedido de pérdida de investidura como el primer punto del orden del día para la sesión del pleno del próximo miércoles.
En los pasillos del Senado se da por hecho que la legisladora está con un pie afuera y que su única alternativa para evitar la humillación de la expulsión directa será presentar su renuncia antes de la votación. En el ámbito judicial, la impunidad tampoco parece ser una opción viable.
Tras la denuncia formal remitida por el propio presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, la justicia ordinaria avanza de forma paralela. La fiscala asignada, Marlene González, reprogramó las declaraciones indagatorias de las tres funcionarias víctimas para el próximo 6 de noviembre, mientras el Ministerio Público concentra sus esfuerzos en recolectar los extractos bancarios y realizar los peritajes técnicos a los teléfonos celulares. Con las pruebas blindadas y el rechazo total de las afectadas a cualquier pacto de silencio, el panorama para Zenaida Delgado apunta a una inminente destitución política seguida de una severa imputación penal por corrupción pública.
Extremadamente cara dura, en el pre acuerdo, la senadora pedía dejar de atacarse mutuamente en los medios, entregar los celulares (con todas las evidencias), prometer no denunciar a la senadora entre otros pedidos bastante inverosímiles teniendo en cuenta la situación de la legisladora.