ASUNCIÓN. El ascenso del presidente de la República, Pedro Alliana, a la conducción del Poder Ejecutivo activará una profunda reconfiguración en toda la estructura del Estado paraguayo, diseñada con el respaldo unánime de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para estabilizar el país y devolver el control de la gestión pública a un equipo de fuerte perfil político tradicional tras el colapso de la administración saliente.
En esta nueva etapa gubernamental, Alliana ha desactivado formalmente sus proyectos de campaña electoral para priorizar la gobernabilidad y la calma social ante la severa crisis generada por la intervención y cese de operaciones de ueno bank.
Para este proceso de transición e intervención integral de las instituciones, el nuevo mandatario se rodeará de un entorno de máxima confianza estratégica respaldado desde el Poder Legislativo por el titular del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quienes operarán como los principales articuladores del nuevo anillo de poder político.
La primera gran medida del nuevo Gobierno se centrará en la reforma completa del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) tras las dimisiones en la banca matriz, impulsando un equipo regulador de emergencia para viabilizar los mecanismos de salvataje y el uso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para asegurar los ahorros y salarios de los ciudadanos afectados.
Paralelamente, Alliana implementará una intervención directa en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) con el fin de blindar las jubilaciones y auditar los fondos de pensiones estatales.
Esta purga institucional e integral se extenderá al Ministerio de Economía y Finanzas para renegociar las deudas con proveedores, al igual que al Ministerio del Interior, donde se proyectan relevos en la cúpula de la Policía Nacional para garantizar la seguridad pública y contener las movilizaciones sociales en la capital.
Finalmente, carteras operativas clave como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) serán sometidas a una estricta racionalización del gasto presupuestario y una coordinación directa con las gobernaciones departamentales, consolidando así el nuevo organigrama y rumbo institucional de la República.