El inminente fin de la administración de Santiago Peña, cuya salida de la presidencia ya se proyecta de forma inevitable mediante la destitución parlamentaria o una forzada renuncia, marcará apenas el inicio de un severo frente judicial en la justicia ordinaria donde se encamina a una segura imputación penal pública por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación criminal, estafa, lavado de dinero u otras figuras graves en al ámbito penal.
Tras perder la inmunidad constitucional que le otorga el cargo, Peña quedará a merced de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, la cual ya acumula denuncias formales por un descomunal crecimiento de su patrimonio neto cifrado en un 1.603% en los últimos años, sumado a su implicación directa en el catastrófico colapso de ueno bank.
Sectores de la oposición y del propio oficialismo disidente sostienen que bajo el amparo de la Presidencia de la República se estructuró una red delictiva dedicada a captar y desviar fondos millonarios de pensiones estatales e inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) hacia la citada entidad privada en crisis, configurando las causales punibles de fraude masivo y administración en provecho propio.
Con la detención del ex-CEO de la firma y de otros altos directivos ya procesados y recluidos en el Palacio de Justicia, los fiscales de la causa avanzan en el análisis de documentos que señalan a Peña no solo como exaccionista, sino como el presunto cerebro y beneficiario final de un esquema de fachada bancaria utilizado para el blanqueo de capitales.
En consecuencia, la pérdida del sillón presidencial en el Palacio de López dejará al mandatario paraguayo expuesto a mandatos urgentes de prisión preventiva debido al inminente peligro de fuga y la gravedad de las penas de cárcel que conllevan los delitos financieros imputados