ASUNCIÓN. La permanencia de la senadora Zenaida Delgado (ANR) en la Cámara Alta tiene las horas contadas. Tras la difusión de audios, transferencias bancarias y testimonios que revelan un presunto esquema de extorsión y venta de cargos en su despacho, la oposición y sectores del oficialismo avanzan de forma inminente hacia la presentación de un pedido formal de pérdida de investidura por uso indebido de influencias.
El escándalo estalló tras las denuncias de tres exfuncionarias de su oficina, quienes demostraron documentalmente que la legisladora les exigía la devolución de sus bonificaciones salariales bajo amenaza de despido. Asimismo, las afectadas revelaron que Delgado operaba una red de venta de nombramientos permanentes en el Congreso por sumas que oscilaban entre los 50 y 100 millones de guaraníes, obligando incluso a los empleados a solicitar préstamos en el Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo para saldar dicha «cuota».
La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) confirmó que el libelo acusatorio está listo y que los extractos bancarios presentados por las víctimas constituyen una prueba irrefutable de la conducta delictiva. A la par, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ordenó la apertura inmediata de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades institucionales en el Senado.
A pesar de que Delgado emitió un comunicado calificando las acusaciones de «mentiras totales» y anunciando querellas por supuesta difamación, el ambiente político en el Palacio Legislativo coincide en que la gravedad de los elementos probatorios hace insostenible su continuidad en el cargo. De concretarse los votos, Delgado se convertirá en la próxima parlamentaria en ser expulsada del Congreso por la vía de la pérdida de investidura.