La Fiscalía de Delitos Económicos imputó este martes 4 de noviembre a 27 personas por el colapso de Ueno Bank. El acta está firmada por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera.
La imputación llegó dos días después de que el Banco Central del Paraguay cerrara el banco, el 2 de noviembre, porque ya no tenía la solvencia mínima que exige la ley.
Los delitos que se investigan: Por ahora, la Fiscalía habla de cuatro hechos: Conducta indebida en situaciones de crisis, Lesión de confianza, Tentativa de estafa, No llevar bien los libros de comercio.
Quiénes están imputados: Del lado de Ueno Bank, están el vicepresidente primero Federico Miguel Vázquez Villasanti, señalado como el beneficiario final, los demás directores y el síndico.
Del lado de las empresas vinculadas, están directivos y accionistas de MOWI S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., TUIU S.A., FRANEDE S.A. y AIME S.A. En total, son 27 personas físicas.
Lo que habría pasado, según la FiscalíaEntre 2025 y 2026, el Directorio del banco habría aprobado préstamos y sobregiros millonarios para empresas del grupo, con condiciones muy blandas: sin garantías suficientes, con plazos de hasta 10 años y por montos mucho más grandes de lo que esas empresas podían pagar.
Esa plata no se quedaba en las empresas que la recibían. Se transfería de inmediato a otras firmas vinculadas, como ITTI, REDISA, REDIPRO, VINANZAS y Grupo Vázquez, para cubrir sobregiros y pagar facturas y cheques. Las deudas tampoco se pagaban con ganancias reales. Se pagaban con transferencias entre las mismas empresas del grupo, en un círculo.
Un punto clave del caso es la venta de cartera a VINANZAS S.A. por más de USD 74 millones. Según la Fiscalía, Ueno Bank le pasó su cartera mala a esa empresa vinculada, y la compra se terminó pagando con plata que el mismo banco había prestado a terceros.
Los montos en juegoLas empresas vinculadas todavía deben más de USD 166 millones y más de G. 343.000 millones. Además, la Superintendencia de Bancos detectó un faltante de previsiones de más de G. 1,6 billones.
Lo que pidió la Fiscalía. Para Vázquez Villasanti, pidió prisión preventiva, por considerarlo el actor central del esquema y por riesgo de fuga y de entorpecer la investigación. Para los demás directores y el síndico, pidió arresto domiciliario con tobillera, prohibición de salir del país y caución.
Para los empresarios de las empresas vinculadas, pidió prohibición de salir del país y caución. También pidió que las 27 personas y 7 empresas no puedan vender sus bienes, y que se congelen sus cuentas bancarias en todo el sistema financiero. La Fiscalía pidió 6 meses para investigar y presentar su acusación final.
Los 27 imputadosDirectorio y síndico de Ueno Bank S.A.: Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente 1.º y señalado como beneficiario final; Juan Manuel Gustale; Julio Daniel Rey Fernández; Diana Leticia Mongelos González; Mariana Torres Rubiani; Alejandro Gómez Abente; Diego Fernando Duarte Schussmuller; y Miguel Ángel Almada Frutos, síndico.
Directivos y beneficiarios finales de empresas vinculadas:
José Augusto Sala Cardozo y Sergio Amado Pizurno Zsarán, de MOWI S.A.; Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte y Miguel Ángel Garay, de Grupo Hendy S.A.; César Manuel Astigarraga Lambare, Luis Ernesto Angulo Rivera, Guillermo Vázquez Muniagurria y Diego Sebastián Gómez Arce, de Grupo M S.A.; Luis Fernando Ríos Espínola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares y Rodrigo Ramón Franco Ortiz, de TUIU S.A.; Mauro Vargas Wildberger y Cecilia Domínguez Elizeche, de FRANEDE S.A.; Martín Vargas Wildberger, Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez, de AIME S.A.