El masivo allanamiento en la mansión de Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de ueno bank, dejó una profunda preocupación en las autoridades debido a la manifiesta ausencia de soportes digitales y pruebas clave para la investigación por presunta lesión de confianza y estafa.
Los fiscales Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle encabezaron el operativo en el barrio La Piedad de Asunción, con el objetivo central de asegurar documentos e información informática determinantes tras el colapso de la entidad. Sin embargo, la comitiva judicial-policial se encontró con un escenario llamativamente limpio.
Según confirmaron jefes policiales del caso, dentro de la descomunal residencia no se halló una sola computadora, notebook o dispositivo electrónico de almacenamiento que pudiera aportar datos a la causa. Además, los investigadores constataron que las grabaciones y servidores del sistema de circuito cerrado de televisión no estaban en el sitio, e incluso una caja fuerte de la vivienda directamente no pudo ser localizada o se encontraba inexistente al momento de la revisión.
Este vacío absoluto de soportes técnicos e informáticos, sumado a que la casa estaba completamente deshabitada por familiares, refuerza la hipótesis de que se habrían purgado y desaparecido los elementos de convicción científica antes de la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos.
En contraste con la desaparición de tecnología, el operativo expuso una opulencia material intacta: una propiedad que abarca casi una manzana, muros perimetrales de alta seguridad, una cancha de fútbol de césped sintético, y una valiosa flota de siete automóviles de lujo retenidos sin matrícula —incluyendo marcas como Bentley, Mercedes-Benz Brabus, Audi y Porsche— valuados en USD 1,4 millones.
A pesar del gran despliegue estético y del resguardo preventivo de los rodados, el Ministerio Público se retiró transportando únicamente carpetas físicas de documentos de menor relevancia, lo que obliga a los peritos a buscar vías alternativas para reconstruir las maniobras financieras debido al aparente borrado de las evidencias principales en la residencia