En una jornada marcada por la alta tensión política en el Congreso Nacional, se ha confirmado la renuncia formal de la senadora Zenaida Delgado a su banca en la Cámara Alta. Fuentes cercanas al legislativo señalan que la parlamentaria se vio prácticamente forzada a dar un paso al costado para frenar el implacable avance de un proceso de pérdida de investidura en su contra, motivado por graves denuncias sobre un supuesto esquema de cobros ilegales y «peaje salarial» exigido a funcionarios públicos.
De acuerdo con las versiones circulantes, la drástica decisión se tomó con el objetivo directo de no seguir exponiéndose a ella misma ni al anterior grupo de senadores al cual pertenecía al severo escarnio público y a los recurrentes ataques mediáticos. La dimisión busca amortiguar el impacto de un escándalo que, según la perspectiva del entorno afectado, responde a una práctica extendida de recaudación política que aparentemente no solo ella realizaba dentro de las estructuras del Poder Legislativo.
A pesar de que en su misiva oficial remitida a la Presidencia del Congreso se argumentan estrictas «razones personales y familiares» ante la presión de los últimos días, en los pasillos de la Cámara de Senadores se interpreta como una salida estratégica de contención de daños.
El dictamen de expulsión que ya preparaba la Comisión de Asuntos Constitucionales amenazaba con ventilar nuevas pruebas documentales y transferencias bancarias arrastradas por denunciantes, lo que hubiese avivado las críticas hacia la bancada que la acogió tras su salida de Cruzada Nacional. Con este retiro voluntario de la investidura parlamentaria, se intenta desactivar el foco de atención sobre el uso irregular de los rubros asignados a contratados y asesores, una problemática de fondo que diversos analistas señalan como un vicio arraigado y compartido de manera sistémica en el quehacer de la política partidaria local.