Paraguay enfrenta una profunda conmoción institucional y económica luego de que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, rompiera la postura de calma del Ejecutivo y lanzara duras declaraciones que confirman una crisis de confianza en el sistema financiero, vinculada directamente a la gestión de Santiago Peña y a la entidad ueno bank.
Alliana causó un fuerte impacto político al anunciar la suspensión de su campaña presidencial para el próximo periodo, afirmando categóricamente que no asumirá un proyecto electoral para pagar «la fiesta de otro», y apuntó con severidad contra el Banco Central del Paraguay (BCP), exigiendo de ser necesario «cortar cabezas» y cambiar al presidente de la institución y a su directorio para devolver la tranquilidad a los ahorristas. Asimismo, el vicepresidente reveló que existe un malestar generalizado debido a que el mandatario y su entorno directo ignoraron las advertencias previas sobre el flujo de caja y el déficit fiscal, confirmando además que Peña le informó sobre negociaciones en curso para que otra entidad bancaria absorba a ueno bank y mitigar así sus problemas de liquidez.
El origen de este descalabro radica en las investigaciones en torno a las millonarias colocaciones de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) en ueno bank, entidad de la cual Santiago Peña fue accionista hasta finales de marzo o inicios de abril, cuando reportó la venta de sus participaciones en ueno Holding de forma tardía ante la Superintendencia de Valores.
Las alarmas se encendieron al revelarse que el IPS modificó y flexibilizó sus reglamentos internos de seguridad y calificación de riesgos para permitir que este banco concentrara más de G. 2,1 billones (unos USD 348,5 millones) en recursos previsionales del Estado.
Esta alarmante exposición, sumada a la reciente e inusual resolución del BCP que flexibilizó el encaje legal permitiendo a los bancos usar de forma excepcional hasta un 30% de sus reservas en guaraníes para cubrir faltantes de liquidez, desató el temor popular de una desestabilización en el mercado. Ante el revuelo, el Congreso Nacional ya debate urgentes pedidos de informes a los órganos reguladores, mientras senadores oficialistas y opositores exigen que el presidente, el vicepresidente y las autoridades del BCP comparezcan públicamente para frenar la zozobra generalizada en el mercado de ahorros, contrarrestando la postura de Peña, quien hasta ahora ha minimizado la crisis calificándola como un desborde técnico llevado al terreno político.